PRISIÓN PERPETUA Y CÁRCEL COMÚN
jueves, 12 de marzo de 2009
lunes, 9 de marzo de 2009
PRESIONAN AL TRIBUNAL
NO A LA COMPULSA
Sectores de la justicia mendocina estarían enviando mensajes a los miembros del Tribunal para que desistan de la compulsa solicitada al camarista Dr. Carlos Martín Pereyra González, por el abogado querellante, Dr. Enrique Ponce.
El actual integrante de la Cámara mendocina en su momento fue testigo en el juicio y se comprometió su situación a partir del testimonio prestado por otro testigo, el abogado José Samper, quién relato al Tribunal los dichos del actual magistrado mendocino, que en 1976 ocupaba el cargo de secretario del juzgado federal en San Luis.
“He visto algo que nunca querría haber presenciado, las torturas a una detenida, creo que la dejan en libertad” (NdeR. por Graciela Fiochetti) . Textualmente eso me dijo refirió Samper al Tribunal. Yo le dije “que debía denunciarlo o dejar el cargo”, siguió en el mismo, agregó el testigo.
Ante esto el Dr. Pereyra González, en una dura nota en la que acusaba haber sido víctima de maniobras de distintos actores del juicio, entre los que no escapan ni la querella, ni los familiares o grupos minoritarios, ni los periodistas, y con una no tan velada amenaza al Tribunal, solicito un careo con Samper. Dicho careo fue aceptado por el Tribunal, con la oposición del Dr. Ponce. Cuando le fue informado al magistrado mendocino la aceptación de su pedido y la fecha de comparencia, presentó un certificado médico, solicitando el cambio de fecha, esto no fue aceptado por el Tribunal y el careo finalmente no se realizó.
En su testimonio el camarista había dicho no recordar haber realizado oficios en los que se solicitaba el paradero o informes de personas por las que se presentaban recursos de Hábeas Corpus, además de no recordar si se había tramitado dicho recurso por Santana Alcaraz. (el padre de Sandro había tramitado el mismo)
El actual camarista ha sido recusado por víctimas, familiares y organismos de derechos humanos de la Provincia de Mendoza.
Es evidente la preocupación de miembros de la justicia, ya que el precedente de la compulsa a Pereyra González puede generar investigaciones por lo actuado en la dictadura militar por muchos que hoy ocupan altos cargos, y que en su momento fueron cómplices, por acción u omisión, ya sea rechazando Hábeas Corpus, siendo testigos de torturas o pero aún, haber tomado conocimiento de desaparición forzada de personas y no haber realizado la denuncia correspondiente.
Sectores de la justicia mendocina estarían enviando mensajes a los miembros del Tribunal para que desistan de la compulsa solicitada al camarista Dr. Carlos Martín Pereyra González, por el abogado querellante, Dr. Enrique Ponce.
El actual integrante de la Cámara mendocina en su momento fue testigo en el juicio y se comprometió su situación a partir del testimonio prestado por otro testigo, el abogado José Samper, quién relato al Tribunal los dichos del actual magistrado mendocino, que en 1976 ocupaba el cargo de secretario del juzgado federal en San Luis.
“He visto algo que nunca querría haber presenciado, las torturas a una detenida, creo que la dejan en libertad” (NdeR. por Graciela Fiochetti) . Textualmente eso me dijo refirió Samper al Tribunal. Yo le dije “que debía denunciarlo o dejar el cargo”, siguió en el mismo, agregó el testigo.
Ante esto el Dr. Pereyra González, en una dura nota en la que acusaba haber sido víctima de maniobras de distintos actores del juicio, entre los que no escapan ni la querella, ni los familiares o grupos minoritarios, ni los periodistas, y con una no tan velada amenaza al Tribunal, solicito un careo con Samper. Dicho careo fue aceptado por el Tribunal, con la oposición del Dr. Ponce. Cuando le fue informado al magistrado mendocino la aceptación de su pedido y la fecha de comparencia, presentó un certificado médico, solicitando el cambio de fecha, esto no fue aceptado por el Tribunal y el careo finalmente no se realizó.
En su testimonio el camarista había dicho no recordar haber realizado oficios en los que se solicitaba el paradero o informes de personas por las que se presentaban recursos de Hábeas Corpus, además de no recordar si se había tramitado dicho recurso por Santana Alcaraz. (el padre de Sandro había tramitado el mismo)
El actual camarista ha sido recusado por víctimas, familiares y organismos de derechos humanos de la Provincia de Mendoza.
Es evidente la preocupación de miembros de la justicia, ya que el precedente de la compulsa a Pereyra González puede generar investigaciones por lo actuado en la dictadura militar por muchos que hoy ocupan altos cargos, y que en su momento fueron cómplices, por acción u omisión, ya sea rechazando Hábeas Corpus, siendo testigos de torturas o pero aún, haber tomado conocimiento de desaparición forzada de personas y no haber realizado la denuncia correspondiente.
12 de MARZO - FINALIZA EL JUICIO -
De acuerdo a lo dispuesto en la fecha por el Tribunal, el próximo jueves 12 de marzo a las 9 hs. se reanudan las audiencias.
En la misma se otorga la posibilidad de expresarse previo a la sentencia, a los imputados, Coronel (r) Miguel Ángel Fernández Gez, ex Comandante del GADA; ex Capitán Carlos Esteban Plá, ex sub jefe de la policía de la Provincia de San Luis; ex comisario Víctor David Becerra, ex jefe de informaciones; ex comisario Juan Carlos Pérez, ex subjefe de informaciones; ex cabo Luis Alberto Orozco.
A continuación los integrantes del Tribunal Raúl Alberto Rodríguez, Roberto Burad y Julio Nacif. se retiran a un cuarto intermedio a deliberar y luego proceden a emitir el dictamen.
Para ese día se espera la presencia de autoridades del Gobierno Nacional, además de integrantes de distintos organismos de derechos humanos.
En la misma se otorga la posibilidad de expresarse previo a la sentencia, a los imputados, Coronel (r) Miguel Ángel Fernández Gez, ex Comandante del GADA; ex Capitán Carlos Esteban Plá, ex sub jefe de la policía de la Provincia de San Luis; ex comisario Víctor David Becerra, ex jefe de informaciones; ex comisario Juan Carlos Pérez, ex subjefe de informaciones; ex cabo Luis Alberto Orozco.
A continuación los integrantes del Tribunal Raúl Alberto Rodríguez, Roberto Burad y Julio Nacif. se retiran a un cuarto intermedio a deliberar y luego proceden a emitir el dictamen.
Para ese día se espera la presencia de autoridades del Gobierno Nacional, además de integrantes de distintos organismos de derechos humanos.
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